EL AUTOR:

Ing. Juan Calles López ECÓLOGO TROPICAL jacalles2003@yahoo.es
www.agua-ecuador.blogspot.com

Master en Ecología tropical y licenciado en Ciencias Biológicas. Ha trabajado con sistemas de monitoreo del agua, adaptación al cambio climático, definición de sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad acuática, Planes de manejo de cuencas, servicios ecosistémicos y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La gestión de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas hidrográficas en el Ecuador es un proceso complejo que requiere la participación local, normativas claras e instituciones fortalecidas. A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la declaratoria del agua como patrimonio nacional estratégico existen avances en términos de legislación para el manejo del agua.

La creación de la Secretaría del Agua permitió la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Recursos Hídricos en el año 2014, que reemplazó a la del año 1972. Además, el reconocimiento de la gestión pública o comunitaria del agua define de manera general como debería realizarse dicha gestión del agua en el Ecuador. Sin embargo, más allá de los avances en la normativa, la puesta en práctica de los principios constitucionales y normas en los territorios resulta complejo. Una de las mayores dificultades es la limitación de recursos económicos y humanos para realizar un efectivo control de las autorizaciones de uso y monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las fuentes y efluentes de aguas residuales.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento aún falta fortalecer los concejos de cuencas como organismos que permitan la articulación de las intervenciones públicas y privadas en las cuencas. Sumado a esto, la variación climática y el cambio climático generan impactos en los diferentes ecosistemas del país provocando el retroceso de los glaciares, el incremento de la temperatura, el cambio en los patrones de precipitación y modificación de las épocas de siembra.

Ante estas condiciones, la reciente aprobación en segundo debate del Código Orgánico Ambiental (COA) en el año 2015 por parte de la Asamblea Nacional, presenta nuevas consideraciones en términos normativos para la gestión de  los  recursos  hídricos  del  país.  Los  aspectos más relevantes a resaltar tienen que ver con el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que en el Artículo 27 numeral 10 indica que deben “Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido”. Esto es un reto para los Gobiernos Locales pues el control de estas normas técnicas requiere un equipo técnico preparado y el equipamiento necesario para el monitoreo de estos componen- tes en sus jurisdicciones.

Por otro lado, el COA reconoce en el Artículo 38, como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su numeral 5: “Mantener la dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas y proteger los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas”. Este reconocimiento permitirá integrar en los Planes de Desarrollo Local y Planes de Manejo de las Áreas Protegidas una visión más integral del ciclo hidrológico que permita visualizar la importancia de estas áreas  para la provisión de agua a las comunidades locales.

El COA resalta a nivel institucional la coordinación necesaria para emprender proyectos de forestación y reforestación y su zonificación correspondiente. Además, desarrollar planes en conjunto.

con  los  GAD  para  el  cuidado  de  ecosistemas que regulan el ciclo hidrológico. Esto debería impedir el desarrollo de este tipo de iniciativas en ecosistemas frágiles, como los páramos, y zonas de manejo especial que defina el Ministerio del Ambiente.

En términos generales el COA, la Constitución y demás leyes relacionadas a la gestión del recurso hídrico, son parte de los elementos que permitirán una gestión en territorio del agua y de los ecosistemas que regulan su ciclo. Un fortalecimiento de las comunidades, una mejor coordinación interinstitucional y recursos económicos y humanos suficientes se requieren para enfrentar los retos de la gestión de los recursos hídricos tanto en las zonas rurales como urbanas.